El Estado tiene la responsabilidad directa de garantizar la seguridad, la vida y la rehabilitación del interno o interna con respecto a sus derechos humanos mediante su Sistema Penitenciario (SP). Tal como lo estipula el artículo 272 de la CRBV. La violencia penitenciaria es un problema que le compete a todos los ciudadanos, en Venezuela muere un 2,2% de internos anuales, cada dos años asesinan a una población de reclusos. Revela la página web analítica.
La indiferencia gubernamental ante esta problemática lo ha convertido en un hecho penal sin castigo, por lo que cientos de reos sufren sus consecuencias psicosociales, sin tener la oportunidad de regenerarse.
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